Entre subvenciones repartidas a ciegas, empresas bajo perfusión y gasto público bautizado como «ayudas», Francia descubre la magnitud de un sistema donde el dinero del contribuyente a veces parece importar menos que los intereses políticos. Tras la batalla de los miles de millones, queda una pregunta: ¿quién controla el uso de este dinero?
Han tenido que pasar años para que Bercy ponga por fin una cifra a las ayudas públicas a las empresas: 166 000 millones de € en 2024. Una cantidad vertiginosa, tras la cual se dibuja la realidad de un Estado que distribuye y subvenciona dispositivos cuya eficacia sigue siendo a menudo difícil de demostrar.
La batalla de los miles de millones
La comisión de investigación del Sénat, cuyo ponente es el comunista Fabien Gay, había planteado 211 000 millones de € para 2023. Esta diferencia de 45 000 millones con el cálculo de Bercy se debe al método de cálculo.
El informe senatorial incluía préstamos, garantías y participaciones de Bpifrance, así como mecanismos fiscales que no constituyen ayudas en el sentido económico del término. Hay que distinguir las subvenciones de los instrumentos financieros reembolsables, de lo contrario las cifras se convierten en armas políticas más que en instrumentos de control.
¿Para qué sirven estos 166 000 millones?
Estos 166 000 millones no son regalos a empresas privadas. Los gastos presupuestarios incluyen la financiación de las jubilaciones de funcionarios de La Poste y France Télécom, el mantenimiento y desarrollo de la red ferroviaria, así como las cargas de servicio público de la energía.
En cuanto a los tipos reducidos de TVA, benefician a los consumidores.
Un debate nacional necesario
Queda un importe estimado de 88,58 mil millones de € en dispositivos susceptibles de ser suprimidos o reformados, según el perímetro considerado (ayudas de Estado, gastos fiscales y exenciones de cotizaciones). Este es un tema de debate nacional.
Porque, en un país que acumula déficits y ve crecer su deuda, cada euro recaudado debe poder justificar su utilidad.
El empresario Éric Larchevêque plantea la pregunta incómoda: ¿por qué debería el Estado decidir, a través de Bpifrance, qué empresas merecen ser financiadas? Su crítica apunta a un mecanismo en el que el dinero público respalda proyectos que los inversores privados no siempre han querido financiar, en nombre de la innovación o la soberanía.
El ejemplo de la start-up Ÿnsect es embarazoso. Esta empresa especializada en la producción de insectos para la alimentación animal se benefició de considerables fondos públicos, estimados en al menos 300 millones de €, antes de su liquidación judicial.
Por supuesto, no todo fracaso empresarial es prueba de una mala gestión pública. La innovación conlleva riesgos. Pero cuando un proyecto engulle cientos de millones de dinero público sin lograr hacer sostenible su actividad, el contribuyente tiene derecho a exigir explicaciones.
Bernard BERTUCCO VAN DAMME