TOULON : Servicio marítimo - La Métropole reafirma su autoridad y señala deficiencias
En respuesta a las posturas de la empresa TLV, la Métropole TPM aclara el marco jurídico del servicio a las îles d’Or y denuncia una deuda.
En respuesta a las posturas de la empresa TLV, la Métropole TPM aclara el marco jurídico del servicio a las îles d’Or y denuncia una deuda. La tensión aumenta entre la Métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) y la empresa TLV, actual concesionaria de la línea marítima hacia las îles d'Or. Ante las recientes declaraciones en los medios del transportista, la institución presidida por Jean-Pierre Giran ha querido poner las cosas en su sitio este miércoles 25 de febrero de 2026. En un comunicado de tono firme, la entidad territorial recuerda que, en su calidad de autoridad organizadora de la movilidad (AOM), es la única garante del buen funcionamiento de este servicio público vital para el territorio, así como del uso correcto del dinero público.
El servicio, que conecta el continente con las islas de Porquerolles, de Port-Cros y del Levant, se organiza de manera ininterrumpida desde 1990, primero por el ayuntamiento de Hyères y después por la Métropole. Estos contratos sucesivos tienen como objetivo principal garantizar la continuidad territorial durante todo el año, respondiendo a las necesidades de los isleños y de los agentes económicos, mucho más allá de los simples picos de afluencia turística.
Un imperativo de competencia justa
En el centro de esta aclaración se encuentra una cuestión jurídica compleja pero crucial para el futuro de la línea: la propiedad de la flota. La Métropole ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar el estatus exacto de los barcos explotados. Este trámite busca establecer si la totalidad o parte de la flota debe ser calificada como «biens de retour», es decir, que corresponden de pleno derecho a la entidad territorial al finalizar el contrato.
Este análisis no responde a un celo administrativo, sino a una obligación legal reforzada por una decisión del Conseil d'État dictada el 17 de julio de 2025 (jurisprudencia Société Jean Metz). Esta decisión amplió el ámbito de aplicación del régimen de los «biens de retour». Para TPM, lo que está en juego es de gran importancia: se trata de garantizar una «competencia efectiva y transparente» para la adjudicación de la futura delegación de servicio público (DSP). En definitiva, la calificación jurídica de los barcos determinará las obligaciones del futuro concesionario, y la Métropole se niega a distorsionar la competencia permitiendo que persista la incertidumbre sobre la propiedad de las embarcaciones, cuya financiación, recuerda, está «asegurada indirectamente por los usuarios a través del coste del billete».
Aplazamiento del plazo y continuidad del servicio
Ante esta necesidad de aclaración jurídica, el procedimiento de renovación de la DSP, que ya estaba en marcha, tuvo que ser interrumpido. La Métropole optó por la seguridad jurídica al detener el proceso actual para evitar cualquier vicio de procedimiento posterior.
Para no perjudicar a los usuarios y garantizar la continuidad del servicio público, el convenio actual, que inicialmente debía concluir el 31 de marzo de 2026, se ha prorrogado un año. El servicio está garantizado en las mismas condiciones hasta el 31 de marzo de 2027, dando tiempo a la administración para resolver la cuestión de la propiedad de los barcos. La Métropole lamenta que este proceso de adecuación al derecho haya dado lugar a interpretaciones que considera confusas.
Un litigio financiero de 570 000 euros
Más allá de los aspectos técnicos de la licitación, la Métropole TPM aprovecha esta aclaración para revelar un litigio financiero que la enfrenta a su concesionario. La entidad territorial señala comportamientos considerados «cuestionables» por parte de la empresa TLV.
Según la Métropole, el concesionario se niega obstinadamente a pagar una parte del canon previsto contractualmente, y esto, «a pesar de sus resultados manifiestamente excedentarios». Sin embargo, el contrato que vincula a ambas partes es «absolutamente claro sobre este punto» según los servicios metropolitanos. La pérdida de ingresos para el contribuyente de Var se estima en 190 000 euros al año. A día de hoy, la cantidad total reclamada asciende a casi 570 000 euros.
Este litigio no es nuevo, ya que el expediente se encuentra en fase de instrucción ante el Tribunal administratif, al que acudió la propia empresa TLV el 25 de marzo de 2024. En este contexto tenso, la Métropole reafirma su total movilización para «garantizar la seguridad jurídica del servicio público y la preservación de los intereses del contribuyente».
Artículo redactado a partir de un comunicado de prensa enviado a la redacción